Costa Rica después del 1° de febrero: democracia en disputa y cuerpos trans en alerta

Por: Guillermo Matute

Costa Rica atraviesa una encrucijada histórica. Las elecciones presidenciales del 1° de febrero de 2026 no fueron simplemente un ejercicio democrático periódico: marcaron un punto de inflexión político, institucional y social que obliga a revisar con honestidad el relato de país que durante décadas se sostuvo como una "excepción democrática" en Centroamérica. Hoy, ese relato ya no alcanza para explicar lo que vivimos. Y para quienes habitamos la democracia desde cuerpos históricamente excluidos —como las personas trans—, este quiebre no es abstracto: se vive en la piel, en el miedo, en la incertidumbre cotidiana.

La victoria de Laura Fernández, candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), con cerca del 48 % de los votos y sin necesidad de una segunda ronda, consolida el continuismo del proyecto político impulsado por el gobierno de Rodrigo Chaves. Más allá de nombres propios, el resultado electoral ratifica un estilo de gobierno confrontativo, personalista y profundamente desconfiado de los contrapesos institucionales. No estamos ante una simple alternancia o continuidad partidaria, sino frente a la consolidación de un proyecto político que reconfigura las reglas del juego democrático.

El miedo como estrategia de poder

Este resultado no es casual. Desde 2022, la política costarricense ha estado atravesada por una narrativa que capitaliza el miedo: al crimen, a la inseguridad, al "otro" presentado como amenaza. Ese miedo, que tiene raíces reales en décadas de desigualdad, abandono estatal y precarización, ha sido instrumentalizado políticamente para polarizar a la sociedad, debilitar la deliberación democrática y justificar un enfoque de "mano dura" como respuesta casi única a problemas complejos.

Cuando el miedo gobierna, el debate se empobrece. Se deslegitima a la prensa crítica, se atacan al Poder Judicial y a los órganos de control, y se instala la idea de que cualquier disenso es antipatriótico o enemigo del "pueblo". En ese contexto, el autoritarismo no aparece como una ruptura abrupta, sino como una solución aparentemente eficiente frente al caos. Pero esa eficiencia se construye siempre sobre la erosión de derechos.

Concentración de poder y debilitamiento institucional

La preocupación se profundiza al observar la nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa. El PPSO obtuvo 31 de las 57 curules, asegurándose una mayoría que le permite controlar la agenda legislativa, aprobar leyes ordinarias, definir el presupuesto nacional y nombrar autoridades clave como el Directorio Legislativo y la Defensoría de los Habitantes. Aunque no cuenta por sí solo con la mayoría calificada necesaria para reformas constitucionales, su capacidad de negociación se incrementa de manera significativa.

Este escenario se suma a antecedentes preocupantes: intentos reiterados de proteger a figuras públicas de investigaciones judiciales, la negativa a levantar inmunidades y un clima político hostil hacia los contrapesos institucionales. La democracia costarricense, históricamente sostenida sobre equilibrios delicados, entra así en una fase de tensión prolongada.

Derechos humanos: alertas que vienen de antes

Desde una perspectiva de derechos humanos, las señales de alarma no comenzaron con estas elecciones. En marzo de 2024, organizaciones sociales acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar retrocesos en Costa Rica. Aunque el Estado negó entonces estas acusaciones, los hechos acumulados desde 2022 muestran un deterioro sostenido en múltiples frentes.

En materia migratoria, se han endurecido políticas de asilo, aumentado prácticas opacas de deportación y profundizado la cooperación con enfoques antimigratorios que ponen en riesgo derechos fundamentales. En libertad de prensa, el discurso hostil del Ejecutivo hacia medios críticos, las amenazas y el uso de la pauta estatal como mecanismo de castigo han generado un clima de autocensura y debilitamiento del periodismo independiente.

Las poblaciones LGBTIQA+ tampoco han sido ajenas a este retroceso. El aumento de discursos de odio desde espacios de poder, junto con la eliminación de políticas específicas de protección, ha profundizado la vulnerabilidad de nuestras comunidades. Y en ese contexto, las personas trans solemos ser las primeras en sentir el impacto.

Vivir la política desde un cuerpo trans

Para mí, todo esto no es un análisis distante. Es una experiencia cotidiana. Vivir este contexto político desde un cuerpo trans implica habitar un país donde los derechos nunca terminan de asentarse, donde cada avance parece provisional y reversible. Implica conversaciones familiares tensas, amistades que se quiebran y un cansancio emocional constante frente a discursos que cuestionan nuestra existencia misma.

La austeridad también tiene rostro. La reducción sostenida de la inversión social afecta directamente el acceso a educación, salud, cultura y protección social. Para las personas trans, esto se traduce en menos redes de apoyo, más precarización laboral y mayores barreras para acceder a servicios básicos. La austeridad no es neutral: profundiza desigualdades preexistentes y deja a muchas personas fuera.

El derecho al nombre: el Decreto Ejecutivo 38999 en disputa

Uno de los avances más concretos —y hoy más amenazados— en materia de derechos trans ha sido el Decreto Ejecutivo N.° 38999, emitido en mayo de 2015. Para muchas personas, puede parecer un detalle administrativo. Para mí, fue una conquista fundamental: el decreto que nos permitió ser reconocidas y reconocidos por el nombre que elegimos dentro de la institucionalidad pública.

Este decreto obligó a todas las instituciones del Poder Ejecutivo a erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género, a reconocer la identidad de género de personas funcionarias y usuarias, a implementar protocolos y capacitaciones, a crear comisiones institucionales de igualdad y no discriminación y a utilizar lenguaje inclusivo en documentos oficiales. Fue, en términos muy concretos, un piso mínimo de dignidad.

Hoy, ese piso vuelve a estar en riesgo. En el clima político actual, no es impensable que el oficialismo intente desmontar o vaciar de contenido este decreto mediante nuevas disposiciones administrativas o impulsando cambios desde la Asamblea Legislativa, donde cuenta con mayoría. Aunque estas garantías responden también a obligaciones internacionales del sistema interamericano de derechos humanos, su debilitamiento tendría efectos inmediatos: volver a un Estado que nombra mal, borra y expone.

La salud trans también es democracia

Algo similar ocurre con el Protocolo de Atención Integral de Personas Trans para la Hormonización, aprobado por la CCSS en 2018. Este protocolo garantizó el acceso equitativo a la terapia hormonal dentro del sistema público de salud, eliminando barreras discriminatorias y estableciendo el consentimiento informado, el seguimiento endocrinológico y el respeto a la autodeterminación de género como principios centrales.

Para mí, este protocolo significó poder transitar mi proceso corporal con mayor seguridad, dejar de sentir miedo al entrar a un Ebáis o a un hospital, y no tener que justificar mi existencia frente a cada profesional de salud. Fue el reconocimiento de que nuestra salud no es un capricho ni una ideología, sino un derecho humano.

Ese derecho también está en riesgo. No necesariamente por una derogatoria explícita, sino por recortes presupuestarios, desfinanciamiento silencioso, trabas administrativas o abandono institucional. En un contexto político que desprecia el enfoque de derechos humanos, la salud trans suele ser presentada como prescindible. Y para quienes vivimos desde estos cuerpos, eso se traduce en más precariedad, más automedicación y más violencia estructural.

El costo emocional y el límite del diálogo

Todo esto tiene un costo emocional profundo. No todo desacuerdo es honesto. Existe una diferencia entre la ignorancia estructural producida por la exclusión y la ignorancia elegida como identidad política. Dialogar con quien justifica la violencia, la exclusión o la negación de derechos no educa ni transforma: desgasta y hiere.

Poner límites no es intolerancia; es cuidado. Elegir con quién caminar, con quién construir comunidad, es una forma de resistencia cotidiana. Para muchas personas trans, sostener la vida implica alejarse de vínculos que legitiman discursos de odio, incluso cuando esos vínculos son cercanos.

Cuando defender la democracia es defender la vida

Costa Rica enfrenta hoy una pregunta de fondo: qué tipo de democracia quiere ser. La respuesta no se juega solo en las urnas, sino en la capacidad colectiva de defender derechos, proteger a quienes están en mayor riesgo y sostener los contrapesos que impiden la concentración del poder.

Para mí, como persona trans, defender la democracia no es una consigna abstracta. Es defender el derecho a ser nombrado correctamente, a acceder a salud digna, a existir sin miedo dentro de la institucionalidad pública. Es entender que la neutralidad no existe y que el silencio también es una posición política.

En tiempos autoritarios, resistir no siempre se ve heroico. A veces es simplemente seguir nombrando la injusticia, cuidar los vínculos que sostienen la vida y negarse a normalizar la exclusión. Porque cuando un Estado empieza a negociar los derechos de quienes menos poder tienen, lo que está en juego no es solo una comunidad: es la democracia misma.